Fernando Fimognare - El AMBA en el Centro de los derechos

Especialista en temas Urbano Ambientales. Responsable del Programa de Seguimiento de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Docente del Curso de Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Avellaneda

 

En los últimos meses y seguramente por un tiempo mas, todavía por delante hemos escuchado en forma reiterada frases, opiniones, presagios, aseveraciones, etc como las siguientes: “…Se va a acotar el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires…” ”….En el AMBA el virus está circulando por las calles…” “…Vamos a ocuparnos de custodiar las casas en barrios populares….” “…Mientras en CABA siga creciendo (la cifra de contagios) en el conurbano vamos atrás de ese número….”…La toma de decisiones consensuada entre Nación, Provincia y Ciudad fue algo que generó certezas….” “…Los casos de coronavirus aumentaron exponencialmente y a una gran velocidad…” “….Los contagios van de CABA hacia Provincia…". Todas las citas son frases textuales de los primeros meses de la Pandemia de Covid 19 que comenzó en 2020 y en relación con las medidas adoptadas y a adoptar en el marco del abordaje de la misma.

 

Ahora bien, si tomamos algunos o cualquiera de los servicios que presta el Estado en cualquiera de sus formas y jurisdicciones lo problematizamos y jerarquizamos a la altura de la pandemia podríamos encontrarnos con expresiones bastante parecidas y, entonces, solo nos queda aceptar (en forma definitiva, tal vez) que en el AMBA se juega el gran partido desde el punto de vista de los llamados Derechos Urbanos o de lo que se llama también el Derecho a la Ciudad.

Vale la pena detenerse en este concepto: El Derecho a la Ciudad no es Un Derecho, es la conjunción y la vinculación virtuosa de un conjunto de Derechos que convierten a un habitante en Ciudadano; ya un conjunto de organizaciones sociales y política a principios del Siglo XXI nucleadas en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad planteaban lo siguiente…

“,,,,Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio…

 …Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habi­tantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos….

…El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos…”

 

En nuestro caso, nuestra Ciudad es el AMBA, por fin y por efectos de una pandemia a escala planetaria el concepto de ha derramado a todos los estratos de la sociedad. Hemos descubierto y redescubierto al AMBA. Sin dudas y mas allá de límites, jurisdicciones, Estados Nacionales, Provinciales, Municipales, Ciudad Autónoma y todos los etcéteras que queramos agregar es el desafío territorial mas grande que hay por delante, ahora bien, ¿se parte desde cero? La respuesta es NO.  Claro que NO.

Nunca un territorio ha sido tan estudiado, con tanta proliferación de datos, con tantas propuestas académicas, políticas, institucionales, etc, etc (y pondría mas etcéteras sino fuera que existe un límite a la extensión de lo que escribe) se pone en el centro de la escena como en estos tiempos, sin embargo, tan huérfano de instrumentos para ser gestionado. Con instituciones como las Defensorías del Pueblo que reciben a diario un sinnúmero de reclamos, que, si bien tienen un anclaje territorial determinado, seguramente se replican en las jurisdicciones quedando a merced de soluciones locales para problemas que si se abordaran en forma integral y regional sería mas exitosa su gestión y (además, por si fuera poco) se evitaría cierta reiteración en de los mismos.

 

A lo largo de los años y especialmente a partir de la reforma constitucional del ’94 se han enunciado y presentado diversos planes y propuestas de abordaje; desde institutos de coordinación temática (transporte, ambiente, etc) hasta la regionalización y (por lo tanto) cuasi provincialización de un territorio donde (no está demás repetirlo) vive mas de la tercera parte de la población y representa alrededor de un 50% del PBI en una superficie de 13200 km2 de extensión. lo que representa el 0.47% de la superficie del país.

Sobre esto y solo a modo de ejemplo cabe mencionar un trabajo de la Fundación Metropolitana que entre otras cosas señala:

“…el AMBA no tiene un gobierno unificado, es gobernada por la Ciudad Autónoma y 40 municipios, con vigencia de competencias de los gobiernos nacional y provincial….

…. Esta fragmentación gubernamental tiene consecuencia directa en los problemas de escala metropolitana, porque ninguna jurisdicción, por más poder que tenga, podrá solucionarlos prescindiendo de la cooperación de las demás jurisdicciones involucradas. Inundaciones y choques de trenes son dramáticas evidencias. Identificamos como grandes núcleos temáticos metropolitanos la seguridad, la movilidad (transporte de personas y cosas), el suelo (cuencas y hábitat), la salud, el empleo y los residuos, por mencionar sólo los principales….”

La sola mención de los números antes mencionados y la complejidad de la agenda a resolver nos dan cuenta que se trata de “el nudo gordiano” de la conflictividad política y social de la Argentina.

 

Ahora bien, este conglomerado urbano está destinado a un derrotero de frustración, degradación ambiental, ¿de calidad de servicios y de carencia de estrategias de gobernabilidad reales en forma constante y permanente? Si como algunos pensamos que de la Pandemia debemos salir mejores y con agenda a recorrer y tareas a realizar la respuesta es definitivamente NO. Pero si no aprovechamos esta oportunidad y nos preparamos y construimos colectivamente herramientas para abordar y cambiar la realidad la misma no se mejorará solo por nuestros deseos.

Transporte, Movilidad, Espacios Públicos, Sostenibilidad Ambiental, Producción, Acceso a la Vivienda, Conectividad Interna, Recreación de Centralidades entre otros temas pueden ser un conjunto de enunciados o expresiones de deseos, de cumplimiento de Derechos o pueden constituirse en un espiral virtuoso que constituya una sinergia transformadora que se traduzca en previsibilidad, gobernabilidad del territorio y ejercicio de Derechos y calidad de vida para alrededor de 17 millones de habitantes de AMBA.

 

Por el momento y hasta acá es mas que evidente, que solo hemos transitado la primera de las opciones, es más, ninguno de los organismos con actuación interjurisdiccional (como por solo citar dos casos CEAMSE y ACUMAR) han podido revertir lo enunciado. El CEAMSE no ha logrado que se unifique, por ejemplo, en toda su área de influencia un modelo básico y uniforme de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) quedando este tema con las discontinuidades - luces y sombras- de cada jurisdicción; ACUMAR  no ha dado el salto en calidad de ser imaginado como un macromunicipio donde los municipios serían “sus barrios” y, es así entonces, que en mas de 10 años no ha podido consolidar un Plan de Ordenamiento Territorial para la Cuenca Matanza Riachuelo con todo lo que eso significa en el marco del cumplimiento de las mandas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en virtud del dictado de la sentencia sobre la llamada “Causa Mendoza”

 

Hasta aquí lo que ya mas o menos todos sabemos. Ahora bien, pasada la pandemia (que pasará, obviamente) habrá un lógico rebote de la actividad económica que además será imprescindible para comenzar a saldar deudas sociales previas, acrecentadas y visibilizadas durante la etapa de aislamiento. ¿Dónde se alojará el motor de esa recuperación? En nuestra querida AMBA, que constituye la “zona núcleo” de la actividad económica del país, su “sistema urbano” es condición para el desarrollo de esa recuperación de la actividad económica. Ese Sistema Urbano es el que está en crisis y cuestionamiento y por lo tanto no podemos darnos, una vez más, el lujo de postergar agendas, de pensar ahora es el tiempo de la recuperación económica y cuando esto se consolide se abordará la agenda metropolitana. Se trata, creo, de cruzar el río y construir el barco al mismo tiempo. ¿Que es difícil? Claro que lo es.

 

Lo otro, el momento de LA AGENDA URBANO AMBIENTAL del AMBA (así en mayúscula y negritas) y a las acciones que de ella se desprenden es decididamente inalcanzable, según su historia y entonces hay que caminar haciendo o hacer caminando. Otro caso donde el orden de los factores no alteraría el producto.

No creo que haya que empezar por la creación de “EL ORGANISMO” que se encargue el AMBA, eso recuerda a “si queremos que algo no funcione creemos una comisión ad hoc”.

Y si queremos repasar podemos ver los niveles de interacción ínter jurisdiccional que son limitados y (en mi opinión débiles) como se ve en el gráfico que sigue…

Me imagino un proceso donde se mejore y potencie lo ya existente (y donde se vayan construyendo aproximaciones y líneas de trabajo integrales, estructurantes e integradoras (del territorio y de los habitantes) con participación institucional, de la sociedad civil, de las Defensorías del Pueblo, etc. en aquellos temas que ya fueron nombrados; movilidad, sostenibilidad, transporte, producción, espacios públicos, hábitat y accesos a la tierra y la vivienda, saneamiento, etc., etc. Creo que cada elemento que se vaya consolidando debe actuar como la pieza de un rompecabezas y como tal solo tiene sentido, rodeada y encastrada con todas las demás a los fines de ser “pieza” y ser “herramienta” ya que la solución parcial y fragmentada ayuda pero no resuelve, solo sirve para salir del paso.

 

En este sentido y para acortar discusiones, ¿cuáles son los puntos de agenda que se deben jerarquizar?

Por el lado de las Naciones Unidas es muy claro todo lo contenido en AGENDA DEL DERECHO A LA CIUDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SSOTENIBLE Y LA NUEVA AGENDA URBANA”, que entre otras cosas nos recuerda y nos compromete a No dejar a Nadie Atrás; “….Las afirmaciones de “no dejar a nadie atrás” (en la Agenda 2030) y “no dejar ningún territorio atrás” (en la Declaración del 9º Fórum Urbano Mundial) se comprometen con las aspiraciones de ciudades que sean un lugar para todos, compartiendo derechos universales, valores y objetivos comunes; pero también ciudades que sean un lugar para todo el mundo, donde diferentes necesidades sean escuchadas y especificas respuestas sean proporcionadas.

El Derecho a la Ciudad nos recuerda que se requieren fuertes dinámicas locales para lograr los objetivos y directivas de las agendas internacionales a nivel local. Más que localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, la cuestión es como los actores locales pueden apropiarse de la causa, generar nuevas alianzas a través de una perspectiva horizontal y establecer multiesferas de sinergia desde el local hacia global….”

Y por otro lado tampoco podemos dejar de lado en la construcción a una aproximación en aquellos temas que deben y merecen tratarse y que (enlazados) caminen hacia la consagración derechos.

Algunos de ellos fueron enunciados por Jordi Borja en Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad (2004), solo los citaré a modo de “punteo” ya que cada uno de ellos dan para otra reflexión particular;

“…Derecho a la vivienda y al lugar.

Derecho al espacio público y a la monumentalidad.

Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad.

Derecho a la movilidad y a la accesibilidad

Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía.

Derecho al empleo y al salario ciudadano.

Derecho a la calidad del medio ambiente….”

Como se ve esta “listado” es parcial e incompleto, desde el punto de vista del Derecho a la Ciudad, retomando el concepto, intenta abarcar aquellos temas estructurantes que constituyen una aproximación a la agenda de derechos individuales y colectivos que confluyen en construcciones de ciudadanía mas completas o comienzan a recorrer el camino hacia ellas.

Complementando lo señalado, merece la oportunidad transcribir la visión de Mariela Iglesias Costa (autora para el Curso de Gobernanza metropolitana, organizado por el Programa de Ciudad y urbanismo y Metrópolis, Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis):

“… ¿Es el derecho a la ciudad una utopía? Tal vez, pero pensar la ciudad bajo este concepto tiene razones prácticas. Los movimientos sociales que se organizan a su alrededor parten de unos condicionantes cotidianos en muchos casos extremos. Los recursos naturales, sociales y económicos son diariamente apropiados por una lógica mercantil salvaje. La vida cotidiana en las ciudades del mundo es difícil y compleja para las mayorías. El derecho a la ciudad, entonces, bien podría ser un motor para respuestas alternativas y espacios de transformación social.

El ejercicio del derecho a la ciudad como proyecto político, lejos de ser una abstracción, es un reclamo de la vida urbana con el fin de satisfacer toda la variedad de valores de uso, recuperando la vida cotidiana y poniendo la sostenibilidad de la vida como centro de toda política. Una apuesta por democratizar la vida urbana, cuyo devenir en la concreción de derechos dependerá de dinámicas sociales, políticas y culturales.
En todo caso, el derecho a la ciudad funciona como un impulsor de experiencias que se levantan como espacios de oportunidad desde el hacer…”

 

El siglo XXI deberá ser el siglo de la construcción de ciudadanía, y la pandemia (y volvemos al principio…) nos ha puesto brutalmente sobre la mesa todo lo que falta y todo lo que nos falta para saldar deudas históricas en materia de Derechos.

Esta no es una tarea fácil, tampoco es para desanimarse, obviamente no es algo que deba estar atravesado ni por las urgencias ni por los impulsos de anuncios grandilocuentes, es mas una tarea de paciencia, de mucho trabajo cotidiano y de mucho diálogo entre partes con intereses diversos, y puede ser en definitiva la tarea que le de sentido a una generación y a una etapa histórica inesperada pero que debemos transitar. Si como algunos dicen que se puede asociar la palabra crisis con las oportunidades es probable que estemos en presencia de un momento iniciador entonces.

Finalmente, la construcción final de la institucionalidad a la tarea enunciada si ocurre, terminará siendo lo mas sencillo ya que se llegará casi con naturalidad y   estará asentada en la gobernabilidad y la promoción de Derechos alcanzada del territorio mas complejo que cuenta la Argentina y uno de los mas grandes y complejos del mundo.