Sabina Frederic - Desafíos de la perspectiva de género en la conducción política de Fuerzas Armadas y de Seguridad

Sabina Frederic

Sabina Frederic es Dra. en Antropología Social, Universidad de Utrecht, Holanda. Antropóloga Social de la UBA; Profesora Titular de la Universidad Nacional de Quilmes, e Investigadora Independiente del CONICET. Fue Ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021; Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la República Argentina (2009-2011); Directora del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNQ (2012-2015), y Directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ (2005-2008). Actualmente es titular de los Cascos Blancos

 

ABSTRACT

El artículo aborda la genealogía de la aplicación de la perspectiva de género a las Fuerzas de Seguridad como un pilar de la conducción política de instituciones jerárquicas habilitadas para el uso de la fuerza pública legítima. Traza las condiciones que hicieron posible la continuidad y sustentabilidad de las mismas y su apropiación por las mujeres de las Fuerzas. No se ocupa de cómo las mujeres militares, gendarmes, policías o prefectas y población LGTBI+, subordinadas por antigüedad, se abrieron caminos en instituciones tradicionalmente masculinas y jerárquicas, sino que indica cómo la política pública acompañó y reivindicó esas trayectorias.  Muestra las continuidades de las medidas implementadas desde 2010 así como las nuevas políticas durante nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad y señala el valor de la combinación de saberes aplicados. Finalmente advierte sobre la necesaria articulación entre la prevención de las violencias intra Fuerza y la prevención policial de los delitos por violencia de género.

 

INTRODUCCIÓN

Argentina es de los países de la región con mayor activismo de género. Su potencia y sus alcances en cuanto a su capacidad de transformación normativa y legislativa, suele ser visto con admiración y entusiasmo por algunos sectores sociales percibidos como progresistas de los países vecinos. Ese activismo impactó sin duda en las instituciones estatales argentinas, aunque de modo dispar. En cuanto a las instituciones con personal estatal armado, lo hizo más intensamente que otras, como el poder judicial, o ciertos ámbitos científicos y universitarios donde estos temas, ni siquiera son objeto de debate porque se los considera ya resueltos. Esa intensidad en la implementación de políticas que revisaran las diversas formas de la inequidad basadas en motivos de género, llegó sin embargo mucho antes a las Fuerzas Armadas que a las Fuerzas de Seguridad Federales. Quisiera mostrar como el proceso atravesado por estas últimas estuvo emparentado con el recorrido por aquellas.

Cabe señalar que los hombres, mujeres y personas trans que las integran, no mutaron siendo protagonistas de ese activismo, por el contrario quedaron al margen. En verdad, las mutaciones fueron resultado del esfuerzo de aquellas primeras promociones con mujeres y la adaptación de los varones a otros patrones de sociabilidad, especialmente los más jóvenes integrantes de generaciones con mayor diversidad de concepciones sobre la cuestión de género que las de sus superiores jerárquicos.   Al inicio del siglo XXI hubo integrantes de ese activismo que sí prestaron atención a esas instituciones vistas por la inmensa mayoría con desconfianza, temor e incomprensión, por la desbordante mayoría de varones y por su asociación con la violencia de Estado. Convertidas en funcionarias con participación en el amplio espacio que abarca el movimiento de mujeres, géneros y diversidad, fueron un puñado de mujeres la que asumieron la responsabilidad activa y no solo retórica, de revisar y transformar todas las formas de la inequidad y la discriminación basadas en el género y la sexualidad.

En Argentina, quien fuera pionera en este campo fue la primer Ministra de Defensa (2005-2010) y luego primera Ministra de Seguridad de la Nación (2010-2013), Nilda Garré.  En aquel escenario siendo Néstor Kirchner presidente de la Nación (2003-2007), la política de género que Garré supo construir y aplicar a las Fuerzas Armadas, y luego a las Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía Aeroportuaria) creció bajo la potencia de la política de Derechos Humanos, extendida por ella a las Fuerzas Armadas.  Por entonces, la perspectiva de género en el ámbito estatal no era una perspectiva autónoma, pues se entendía como uno de los motores de la democratización de los militares, en el sentido de aproximarlos al universo ciudadano, civil[1].

Garré instrumentó una enorme batería de herramientas y medidas para ampliar los derechos de las mujeres militares, hasta generar un inédito espacio de intercambios de las mujeres militares con feministas, funcionarias, cientistas sociales especializados/as en la temática.  Me tocó inaugurar la coordinación, que ejercí durante dos años (2007-2009), de ese ámbito denominado Consejo de Políticas de Género en las Fuerzas Armadas[2] que aún funciona en el Ministerio de Defensa y que surgió como resultado de una investigación que llevé adelante como coordinadora del Observatorio (2006-2009) sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas que le dio voz a las mujeres militares[3].  Aquel espacio de debate y consenso, fue la usina de buena parte de las resoluciones, medidas, cambios reglamentarios y cursos que la ministra y sus sucesores tomarían en el futuro.

Con la creación de una Dirección de Género dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos primero en el ministerio de Defensa y luego como Coordinación en el de Seguridad, se consolidó un área cuya agenda partió de revisar cupos de ingreso, condiciones y tiempos para el ascenso (más prolongados por entonces para mujeres que para varones), intromisiones en la vida personal del personal tales como la obligación de pedir permiso para contraer matrimonio o la prohibición del vínculo matrimonial entre oficiales y suboficiales.  Su creatividad impulsó la incorporación de diversos saberes entre los cuales estuvo el de las activistas feministas, peronistas y el de otras posiciones políticas, obligadas a dialogar con los saberes militares y saberes científicos[4].

Cuando mucho tiempo después, el 10 de enero de 2020, se celebró el primer mes del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con el lanzamiento de la capacitación de la Ley Micaela a ministros, ministras, secretarios y secretarias, entre otres, Dora Barrancos y Elizabeth Gómez Alcorta[5], reconocieron en Nilda Garre a una pionera en las políticas de género.  Efectivamente se trataba de un reconocimiento a una gestión con la suficiente creatividad como para introducir la perspectiva de género primero en las fuerzas armadas y seguidamente en las fuerzas de seguridad federales, y lograr que se hicieran políticas de Estado sobreviviendo a su gestión. Realmente se trató de una experiencia exitosa en modificar los patrones de relación de género en instituciones jerárquicas con un régimen disciplinario derivado de las funciones que les han sido encomendadas y disímil al que rige otros cuerpos del Estado. No solo permaneció ese Consejo también lo hicieron otras políticas como las Oficinas de Género y los Centros Integrales de Género en el caso del Ministerio de Seguridad, sobre las cuales hare referencia más adelante.

 

SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES JERÁRQUICAS

Uno de los principales desafíos de la introducción de la perspectiva de género en las fuerzas armadas y de seguridad, es el hecho de que se trata de instituciones formalmente jerárquicas. Ese rasgo no solo es normativamente constitutivo de las Fuerzas, es reivindicado tanto por los varones como por las mujeres que la integran.  Por consiguiente, resulta de interés dar cuenta del sendero trazado para administrar las tensiones en la implementación de políticas sostenibles de equidad en organizaciones jerárquicas, y para sostener el principio de jerarquía subordinado a las misiones y funciones, y no al revés.  Había una tarea central que era identificar en esa defensa de un cierto modelo de conducción jerárquica que oficiaba en la limitación de la equidad de género, qué era condición de funcionamiento institucional y que podía ser revisado. Entre estos últimos tomar a la maternidad como obstáculo y no la paternidad, y a la feminidad como fragilidad, debilidad y sensibilidad, cuando ya había mujeres que habían mostrado que podían asumir gestualidades y actitudes que cimentaban la conducción, de modo semejante a los varones o mejor que muchos de ellos.

Por cierto, las miles de historias de las mujeres militares, gendarmes, prefectas o policías que lograron ocupar un lugar y avanzar en la carrera, aún con obstáculos y haciendo un esfuerzo monumental para demostrar su capacidad, demostraron que lograron ser respetadas por camaradas y superiores[6].  Aquellas que quedaron desafiaron la idea de que ese modelo de conducción solo podía ser actuado por un varón. Pero tal vez, a un precio muy alto.  De hecho la deserción era alta sobre todo en las primeras camadas.

Así, un primer criterio de política era el derecho de toda mujer a poder atravesar la carrera militar o policial con igualdad de oportunidades que los varones, sin discriminación.  Pero este criterio no era tan fácil de aplicar porque había normas que habían sido pensadas por varones y para varones, aunque se defendían como estándares necesarios para el cumplimiento de la misión. Todo el debate sobre los estándares de las pruebas físicas establecidas para el ingreso y el ascenso, en la carrera militar, fue un buen ejemplo de ello. Demostró que había una sobre exigencia hacia los varones que se justificaba en una concepción práctica de cómo ejercer el mando y la conducción. Las condiciones necesarias para producir a quien tuviera capacidad para ganar obediencia y subordinación, exigía separar los blandos de los duros, física y mentalmente.  Este debate que se dio en el Consejo de Políticas de Género y recogió el que se dio en el ámbito internacional (Carreiras 2017) llevó siete años de análisis para gestionar el cambio. Es que no solo los varones superiores jerárquicos defendían los estándares de las pruebas físicas, hubo mujeres que los habían cumplido y consideraban que cambiarlos era reducir las exigencias y desprofesionalizar a las nuevas camadas. Finalmente en 2013 los estándares se modificaron y así fue que todas las Armas de las Fuerzas Armadas se abrieron a mujeres[7].

En las Fuerzas Federales de seguridad hay pruebas físicas diferenciadas para mujeres y para varones, pero no divergen por especialidad o función, con excepción de las fuerzas especiales de cada institución.  No hay en la actualidad ninguna especialidad cerrada a las mujeres, si por supuesto hay jerarquías a las que aún no han llegado.

Los abusos de poder sobre las mujeres de las Fuerzas también deben colocarse entre las prácticas que habitualmente sostenían la conducción de varones y por varones. Las denuncias de las mujeres por abuso sexual o laboral pusieron a los varones de las Fuerzas contra la pared debiendo cuidar actitudes y prácticas justificadas con frecuencia en las necesidades de la conducción.  El trato hostil y vejatorio hacia las mujeres puso en evidencia los abusos que los superiores por grado aplicaban también a los varones. Poco sabemos de los alcances de esta interdicción en la concepción de la conducción, pero sin duda habrá tenido impacto.

Ante un panorama general semejante entre fuerzas armadas y de seguridad, cuando llegó al ministerio de Seguridad de la Nación, Garré trasladó algunas de las herramientas que forjó en Defensa, e hizo depender la Coordinación de Género de la Dirección Nacional de Derechos Humanos[8]. En su segundo año de gestión por ejemplo, firmó una resolución hasta hoy vigente (16/2020) con la cual se prohíbe la limitaciones de vacantes por género; también recreó las Oficinas de Género, denominadas en Seguridad, Centros Integrales de Género, dependientes de las áreas de Personal de cada Fuerza y con referentes en todo el despliegue. Las gestiones de Arturo Puricelli de cinco meses de duración, y la de Cecilia Rodríguez (2013-2015) sostuvieron esas herramientas de gestión de género.  Las Fuerzas de Seguridad vieron ampliar el número y proporción de ingresantes mujeres hasta el 2015: la GNA pasó de 18% en 2011 a 44% en 2014; la PFA de 18% en 2011 a 43% en 2013; la PNA de 15% en 2011 a 28% en 2013; y la PSA de 41% en 2011 a 58% en 2014[9]. En los años de gestión de la ministra Bullrich la reducción de los ingresos de personal alcanzó al 50% en GNA y la PSA,  mientras que los ingresos de mujeres  se redujo en 2019 al 12% en GNA, al 40% en PSA, al 22% en PNA, mientras se mantuvo en el 40% en PFA. Los Centros siguieron funcionando.

Al hacerme cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2019 decidí por un lado jerarquizar el área de género incluyéndola dentro de la subsecretaría de “derechos, bienestar y género” [10], retomar y expandir las herramientas que aún se conservaban en las Fuerzas y coordinar las acciones con el flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Habiendo atravesado esas experiencias de gestión y contando además con mayor conocimiento empírico sobre las trayectorias de las mujeres en las Fuerzas de Seguridad de la que teníamos en 2011 la política de género debía capitalizar la consolidación de valores encarnados por las mujeres que son su esfuerzo, versatilidad y capacidad, lograron hacerse un lugar y ser respetadas por los varones. Es decir había que reivindicar ese lugar ganado para desmontar la asimilación entre conducción y masculinidad, y habilitar el acceso a los puestos superiores de las mujeres aún ubicadas en puestos muy bajos.

En nuestra etapa, de un lado autonomizamos la política de género de la de derechos humanos porque así sucedió en el gobierno nacional, y del otro, ampliamos y desarrollamos instrumentos para reducir tanto la violencia por motivos de género al interior de las fuerzas, como frente a la intervención policial en procedimientos con presencia de mujeres o bien por denuncias de violencia de género.

 

VIOLENCIAS INSTITUCIONALES E INTERPERSONALES Y POLÍTICAS DE GÉNERO

Como señalé hay semejanzas significativas en las trayectorias de mujeres y en las alteraciones institucionales para integrarlas y no solo incorporarlas, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, y políticas que trasvasaron los ministerios que las administran.  Pero hay también diferencias marcadas tanto entre las instituciones que se ocupan de la guerra o la Defensa Nacional, de aquellas que se ocupan de la seguridad interior, así como las hay entre estas últimas[11].

Aquí quiero subrayar que en las fuerzas de seguridad el desafío es doble, pues no solo las políticas de género deben ocuparse de las relaciones interpersonales intra Fuerza, también deben hacerlo en relación con las intervenciones y procedimientos que involucren a la ciudadanía, ya sea población LGTBI+, a las que respondan a denuncias de género, como aquellas en las que las mujeres estén comprometidas como víctimas o supuestas victimarias de un delito.

Para responder al desafío, los ejes de acción para la reducción de las violencias que llevamos adelante fueron principalmente tres: 1) mecanismos de sensibilización y reflexivos que trabajen en la dimensión sociocultural como talleres, charlas y jornadas hacia varones y mujeres; 2) revisión de las normas institucionales que afectan las prácticas de cuidado y promueven la deserción del personal femenino y masculino (licencias, lactarios, talleres de masculinidades); y 3) dispositivos abordaje de las violencias de género al interior de las Fuerzas y de la población en general.

En cuanto al primer eje entendemos que los cambios normas y las sanciones por faltas en su cumplimiento no son suficientes cuando se trata de alterar patrones de vinculación naturalizados o dados por hecho. Asimismo sabíamos que las políticas de género debían incluir a los varones, además de a las mujeres o miembros del colectivo LGTBI+.  Por eso se creó un Programa de Masculinidades para problematizar junto a los varones, los mandatos, los privilegios y la desigualdad asociada al género y la sexualidad, que suelen ser desfavorables también para ellos tanto con sus afectos como en su profesión. Ese programa organizó Talleres de Sensibilización sobre Masculinidades, género y diversidad, dirigido a personal masculino de las fuerzas de seguridad federales y provinciales con denuncias por violencia intrafamiliar y/o laboral por razones de género y buscó la problematización y la concientización sobre las implicancias de la masculinidad dominante en las relaciones sociales y de género. Se elaboró un cuadernillo sobre masculinidades y género, un curso de formación de formadores del cual participaron algunos referentes de los Centros Integrales de Género y una guía de organismos que trabajan espacios de escucha, reflexión, problematización y acompañamiento para varones.

Respecto al segundo eje en tanto la política de género estuvo asociada a la política de Bienestar priorizamos la revisión de las licencias de cuidado y autocuidado. Con la puesta en funciones del Consejo Asesor para el Bienestar de las Fuerzas Federales de Seguridad[12] a solicitud de sus integrantes se realizó una evaluación y sistematización comparativa sobre los regímenes de licencias de las cuatro fuerzas federales, donde se identificaron disparidad de derechos entre ellas. El informe técnico “Proyecto de ampliación de las licencias de cuidados” además de dar cuenta de las diferencias propone modificaciones de sus regímenes de licencia a fin de que habiliten institucionalmente tiempos de cuidados que no sean usados como “permisos” discrecionales, favores que crean deudas personales y en el peor de los casos habilitan extorsiones.

A partir de un relevamiento de espacios de recreación y cuidado, se proyectó en la localidad de Ezeiza la construcción de un predio para deportes y recreación interfuerzas destinado a niños, niñas y adolescentes. Durante las vacaciones de invierno 2021 se desarrollaron actividades para niños, niñas y adolescentes, en la Colonia de Vacaciones Prendemos a Cuidarnos.   Se trabajó en la promoción de la lactancia materna con la inauguración de nuevos espacios, la producción de un cuadernillo de distribución masiva entre mujeres embarazadas y madres recientes. También junto al Ministerio de las Mujeres, nos sumamos a la campaña de abordaje y problematización crítica sobre compatibilización del trabajo y el cuidado familiar. La visibilización y atención de las condiciones de gestión menstrual también fue parte de este eje que abarcó al personal jerárquico tanto como subalterno

Finalmente, el tercer eje consistió en profundizar la política dejada por la gestión de Garré para atender las denuncias de abusos intra-Fuerzas y fortalecer los instrumentos de prevención de la violencia por motivos de género de la población. En este sentido la Dirección Nacional de Género[13] se encargó de tramitar denuncias y acompañar a las víctimas de violencia de género laboral e intrafamiliar. Estas denuncias pueden ser recibidas por los Centros Integrales de Género de las cuatro fuerzas federales pero es la Dirección de Políticas de Género la que cuenta con la facultad de dar intervención a las fuerzas y de supervisar el tratamiento de las denuncias. Se modificó la resolución Nº 1515/2012 que obligaba a la restricción de armamento de dotación en casos de violencia intrafamiliar del personal de las Fuerzas Federales de Seguridad. Se trató de una medida que tiene por foco reducir la ocurrencia de femicidios por arma de fuego reglamentaria y prevenir la letalidad. La modificación se realizó a través de una mesa de trabajo con los equipos de los Centros Integrales de Género de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para ampliar el diagnóstico de su aplicación y evaluar su reforma. En su modificación por Resolución Ministerial N° 471/2020[14], se ampliaron las figuras de aplicación de la restricción de arma reglamentaria, se incluyeron las figuras de aplicación en forma parcial preventiva y parcial con cautelar y se incluyó la aplicación total, que constituye la imposibilidad de la tenencia aún en horario de servicio ante los casos de mayor gravedad y riesgo; y se especificaron los criterios de levantamiento de la medida.

Como resultado de la articulación entre el ministerio de Seguridad, el ministerio de Justicia y el de Mujeres se aprobó una norma (resolución ministerio de Seguridad Nº 37/2020) que dejó sin efecto la 1149/2017 para adecuar el trato de personas LGBTI+ a los estándares internacionales y nacionales, de igualdad de trato y no discriminación por parte de las fuerzas de seguridad federales.  Se creó en el ámbito del primero el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) con la aprobación de la resolución Ministerial N° 408/2020. El sistema está pensado para las policías y fiscalías provinciales, ya que el delito de homicidio no es de competencia federal. Se propone homogeneizar la toma de denuncias en todas las dependencias policiales de las 24 jurisdicciones del país, la parametrización del registro de la denuncia con la evaluación del riesgo en el que se encuentra la persona denunciante y el diseño de medidas de actuación policial inmediatas para la protección de la persona. Para su implementación se realizó un estudio diagnóstico nacional sobre la forma en que se toman y registran las denuncias de este tipo en sedes policiales provinciales. Se procedió al desarrollo tecnológico del software por medio del cual se toman las denuncias, y al dictado de capacitaciones sobre la toma de denuncias para la futura implementación del sistema informático.

A través del Consejo de Seguridad Interior con la creación de la Mesa Federal de Seguridad. Género y Diversidad se debatieron, evaluaron y consensuaron muchas de las medidas aprobadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se recibieron o difundieron propuestas de las carteras de Seguridad de los gobiernos provinciales. De este modo, se procuró fortalecer la intervención de las Fuerzas Federales y las policías provinciales ante hechos de violencia por motivos de género.

 

CONCLUSIONES

Para entender la política de género en las fuerzas de seguridad federales en argentina sus alcances, sostenibilidad e incluso sus límites, tracé una apretada genealogía de sus orígenes y derrotero. Busqué indicar cómo la viabilidad y durabilidad de esas políticas es decir su impacto sobre las relaciones intra fuerzas han sido resultado de la confluencia de todos los saberes pertinentes disponibles: militares, policiales, activismos de género, científicos, jurídicos, entre otros. Esos saberes han estado orientados por una forma del saber político que estableció que la población beneficiaría, mujeres y LGTBI+, militares, gendarmes, prefectas y policías (Federales y de Seguridad Aeroportuaria) eran prioridad en el entendimiento de qué y cuándo era viable aplicar.

Ahora respecto de las Fuerzas de Seguridad hay como vimos una doble responsabilidad de gestión y de expectativa, no solo la del comportamiento intra fuerzas sino hacia la ciudadanía.  Nuestra gestión al frente del ministerio de Seguridad se asentó sobre ambas, particularmente en la articulación con las policías provinciales que son las encargadas de auxiliar a la justicia ordinaria cuando ocurren hechos de violencia de género, configurado como delito ordinario. Desde nuestro punto de vista, las dos partes de esa expectativa están conectadas. No es posible imaginar fuerzas de seguridad sensibles a la violencia basada en cuestiones de género, sino hay una política profunda con perspectiva de género que aborde vínculos internos discriminatorios o normas que tiendan a descalificar los aportes de las mujeres y la población LGTBI+ a la organización policial.

Es indudable que el activismo de género tuvo un impacto en la apropiación de la perspectiva de género por estas instituciones. En una primera etapa, impulsado por la subordinación a la política de Derechos Humanos y la convicción de Nilda Garré; en estos últimos dos años por la autonomía ganada por la perspectiva de género y su dinamismo, combinada con el conocimiento profundo aportado por nuestras investigaciones con trabajo de campo sobre y con las fuerzas armadas y de seguridad.

 

Bibliografía citada

Carreiras 2017 (2007), Militares y perspectiva de género. Las mujeres en las Fuerzas Armadas de las democracias occidentales. Buenos Aires: UNDEF libros.

Calandron, Sabrina 2014, Genero y Sexualidad en la Policía Bonaerense. Buenos Aires: Unsam Edita

Calandron, Sabrina 2021, Mujeres Armadas en las Policías y las FF.AA Argentinas. Buenos Aires: Paidos.

Frederic, Sabina 2013, Las Trampas del Pasado. Las Fuerzas Armadas y su Integración al Estado Democrático en Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

Frederic, Sabina 2020, La Gendarmería desde Adentro. Buenos Aires: Siglo XXI

Frederic, S. y S. Calandron 2015, “Gender Policies and Armed Forces in Latin America’s Southern Cone”; Res Miliataris. Ergomas issue n° 1, Women in the Military (Part One), September.

Masson, Laura 2015, “Saberes académicos, experiencias y militancias. Buenas prácticas en políticas públicas con perspectiva de género” En: Equidad y Defensa: una política en marcha IX. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

Masson, Laura 2020, “Introducción” en: L. Masson  (et.al) Militares Argentinas. Buenos Aires: Ministerio de Defensa de la Nación.

 

 

[1] Para un análisis comparativo de estas políticas en la región del Conosur puede verse Frederic y Calandrón, 2015.

[2] En su versión inaugural estuvo integrado por una oficial y una suboficiales de cada Fuerza Armada (Marina, Fuerza Aérea y Ejército) Dora Barrancos, Máximo Badaró, Laura Masson, Ana Gonzalez, Beatriz Gagliardi y Marta Bianco.

[3] https://www.argentina.gob.ar/noticias/con-la-participacion-de-agustin-rossi-y-dora-barrancos-se-realizo-la-primera-reunion-del

[4] Véase Laura Masson, 2015.

[5] Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

[6]Para un análisis con trabajo de campo etnográfico  puede consultarse Sabrina Calandrón (2014, 2021) y Sabina Frederic (2013, 2020)

[7] https://www.revistaanfibia.com/la-batalla-por-la-igualdad/ de Laura Masson y Julia Muriel Dominzain

[8] Las condiciones políticas internas de la gestión de esta Ministra dificultaron el acceso al mundo de las Fuerzas de Seguridad controladas a los 15 meses de asumir, en abril de 2012 por el Secretario de Seguridad. Si conservó el espacio de formación y de Derechos Humanos, pudiendo tener hasta su alejamiento en mayo de 2013 control sobre ingresos y denuncias.

[9] Durante nuestra gestión 2019-2021 el ingreso de mujeres se amplió especialmente en GNA la Fuerza con menor proporción de mujeres en todos sus cuadros, pasó de 12% en 2019 a 24% en 2021.

[10] Sabrina Calandrón nombrada subsecretaria del área había hecho su tesis de doctorado sobre el tema que dirigí y publicó en 2014.

[11] Por ejemplo, hasta septiembre de 2021 la Policía Federal Argentina contaba con dos Comisarias Generales que integran sus planas mayores, mientras que en la Prefectura y la Gendarmería, no había ninguna mujer en esas jerarquías. Esto es porque la Policía Federal habilitó mucho tiempo antes que las otras fuerzas federales el ingreso de mujeres.

[12] Se creó por resolución 440/2020 el 4 de diciembre con integración de mujeres y varones de las cuatro fuerzas federales. https://www.argentina.gob.ar/noticias/frederic-creo-el-consejo-asesor-para-el-bienestar-de-las-fuerzas-policiales-y-de-seguridad

[13] A cargo de Carolina Justo destacada especialista en la temática de género y activista.

[14] Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2020.